RESUMEN : En el contexto social y político colombiano de los últimos cuarenta años, algunos actores institucionales del Estado, han utilizado una multiplicidad de prácticas de violencia selectiva hacia los líderes sindicales, los estudiantes, los militantes y simpatizantes de los partidos de izquierda, los miembros de las organizaciones de defensa de Derechos Humanos y movimientos sociales, pese a la vigencia de un Estado Social de Derecho y un ordenamiento democrático. Entre estas prácticas se resalta la desaparición forzada de personas. De acuerdo con el Estatuto de la Corte Penal Internacional en Roma (1998), la desaparición forzada es uno de los doce crímenes de lesa humanidad que se aplica de forma generalizada o sistemáticamente a la población civil, siendo definida como la detención o secuestro de una persona contra su voluntad (...) por agentes del gobierno o (...) de grupos organizados o de particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, quienes se niegan a revelar la suerte (...) o el lugar donde se encuentran, o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la Ley (Asamblea General Naciones Unidas, 1998: 3) La responsabilidad del Estado Colombiano no puede soslayarse en tanto actores gubernamentales han participado en calidad de perpetradores del delito o en complicidad con diferentes actores armados al margen de la ley. En este sentido, el Estado colombiano no ha cumplido con su obligación constitucional de proteger la vida de sus ciudadanos.

Tesis (Politólogo/a). Universidad de Antioquia. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas,

Universidad de Antioquia. Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Ciencia Política.